Contratos millonarios en el Poder Judicial del Estado de México: ¿inversión o despilfarro?

 

*Una adjudicación multimillonaria bajo la administración de Ricardo Sodi Cuellar


Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, México.- Durante la gestión de Ricardo Sodi Cuellar al frente del Poder Judicial del Estado de México, se firmó un contrato por más de 110 millones de pesos con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV para la habilitación de 59 salas de juicio oral en distintas regiones de la entidad. Este contrato, identificado como LP-PJ-05/2023, contemplaba la adquisición de hardware y la contratación de servicios para su instalación, incluyendo equipos de audio, vídeo, almacenamiento y seguridad.

El contrato se firmó el 27 de abril de 2023 entre el Poder Judicial de la República, representado por Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración, y el representante legal de la empresa contratista, Jorge Antonio Soto Ramírez.

Cabe señalar que Roberto, quien se desempeña como representante del Poder Judicial de la Federación, es hermano del actual Procurador General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.

La multimillonaria inversión tuvo como objetivo modernizar el sistema judicial a través de la implementación de tecnología en las salas de audiencias en materia penal, de familia, mercantil y laboral. Sin embargo, la licitación pública ha generado diversas preocupaciones sobre la justificación del gasto, la transparencia del proceso y la necesidad real de los equipos adquiridos.

ALTOS COSTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS

El contrato detalla la compra de diversos dispositivos tecnológicos, con precios que llaman la atención por su elevado costo. Entre los más destacados se encuentran:

Micrófonos IP ambientales tipo techo: $4,400,815.71 pesos.

Micrófonos IP ambientales tipo arreglo lineal: $1,020,529.60 pesos.

Cámaras IP domo: $2,604,663.40 pesos.

Servidor de grabación centralizado: $2,157,294.00 pesos.

Software para salas de juicio oral: $53,985,826.50 pesos.

Intercomunicador para conversación privada (abogado-demandado): $957,949.86 pesos.


El software, cuyo costo supera los 53 millones de pesos, representa casi la mitad del total del contrato, lo que ha generado sospechas sobre su valor real en comparación con otras opciones en el mercado.

TECNOLOGÍA EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES SA DE CV

La empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV no es ajena a los contratos gubernamentales. Según registros del Poder Judicial, está registrado como proveedor con RFC TTE910804KN3, y ha participado en otras licitaciones con instituciones estatales.

Sin embargo, los detalles sobre su capacidad operativa y experiencia en proyectos de esta magnitud no han sido ampliamente divulgados, lo que genera dudas sobre los criterios que llevaron a su selección.

FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA LICITACIÓN

Aunque el contrato especifica que se realizó una Licitación Pública Nacional de manera presencial, el acceso a los detalles del proceso ha sido limitado. La falta de información sobre otros postores y las razones que llevaron a la adjudicación a esta empresa han generado preocupaciones sobre posibles irregularidades.

Además, los especialistas en compras gubernamentales han notado que algunos precios parecen estar inflados, especialmente en artículos como almacenamiento de datos y equipos de audio.

DUDAS SOBRE EL USO DEL EQUIPO ADQUIRIDO

Una de las preguntas claves en torno a este contrato es si la inversión de más de 110 millones de pesos realmente se tradujo en un mejor acceso a la justicia y salas de juicio oral más eficientes.

Fuentes internas del Poder Judicial han señalado que muchos de los dispositivos adquiridos aún no están operativos, lo que genera sospechas sobre un posible sobreprecio o subutilización de recursos.

Adicionalmente, en juzgados de municipios como Ecatepec y Toluca, abogados y usuarios han denunciado que la infraestructura tecnológica continúa presentando fallas, lo que pone en duda si los equipos adquiridos realmente fueron instalados y utilizados como lo especifica el contrato.

INVERSIÓN BAJO LA LUPA

El contrato LP-PJ-05/2023 representa un gasto multimillonario con promesas de modernización que, hasta ahora, han sido difíciles de verificar. Hasta que no se esclarezca la correcta implementación de los equipos y la funcionalidad del software adquirido, la adjudicación de estos más de 110 millones de pesos seguirá generando dudas y desconfianza en el manejo de los recursos del Poder Judicial del Estado de México.

Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas serán importantes para determinar si esta licitación realmente cumplió con su propósito o si se trata de otro caso de posible desperdicio de recursos públicos durante la parte final del mandato de Ricardo Sodi Cuéllar al frente del Poder Judicial del Estado de México, quien actualmente aspira a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Crisis de justicia en el Estado de México: denuncian simulación y fabricación de delitos

 

Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar 

* Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez

Por Redacción / Agencia MANL 

Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.

Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES

El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida de, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados ​​fabricados.

FISCAL BAJO FUEGO

El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.

José Luis Cervantes Martínez. 

"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.

SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.

LLAMADO A LA ACCIÓN 

Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.

La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.

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La Doble Moral de Ricardo Sodi Cuellar y Su Intento de Control Judicial

Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Méxi.- La figura de Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, ha estado envuelta en controversia en las últimas semanas, mostrando una doble moral que ha dejado entrever su intención de controlar el proceso de sucesión judicial en el Estado de México. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y su cercanía pública con la gobernadora Delfina Gómez, Sodi Cuéllar rechaza la idea de un presidente interino en el Poder Judicial, afirmando: “Terminaré mi ciclo al frente del Poder Judicial”. Este pronunciamiento, sin embargo, parece ocultar un intento de influencia en las decisiones legislativas y ejecutivas, desafiando el marco legal.

En redes sociales, Sodi Cuellar celebró la visita de la gobernadora al Palacio de Justicia, donde expresó: “El honor ha sido nuestro Gobernadora”, tras asistir juntos a un evento sobre justicia laboral. Sin embargo, en paralelo a esta cordialidad pública, Sodi Cuellar parece mantener un interés propio en la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al intentar definir la convocatoria sin el aval del Poder Legislativo. Paco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, ha sido enfático en que dicha convocatoria solo tendrá validez si es emitida por la LXII Legislatura. Cualquier intento de Sodi Cuellar de controlar la convocatoria, según Vázquez, sería una violación de la ley.

UN PLAN PARA LA REFORMA JUDICIAL

El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.

Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.

CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO

El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.

Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.

LA RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO 

Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.

Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.

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Colectivos Anuncian Marcha en Otumba hacia el Tribunal Penal del reclusorio

* Hacen llamado Urgente a la Solidaridad y Justicia en el Estado de México ante abusos y represalias 

Agencia MANL 

Estado de México.- El próximo 3 de septiembre, las organizaciones Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) y el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. (FMVD) llevarán a cabo una marcha en Otumba, Estado de México, para denunciar la persecución y hostigamiento que han enfrentado en los últimos meses. La manifestación, que partirá de Torres de Adalid hacia los Tribunales Penales del Penal de Otumba, busca visibilizar la grave situación de acoso que afecta a los defensores de derechos humanos en la entidad y exigir justicia ante las autoridades.

La convocatoria a esta movilización ha sido respaldada de manera contundente por la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), cuyas voceras, Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino, han manifestado su apoyo total a PIDHAC, FMVD y a su líder, José Humbertus Pérez Espinoza. Este respaldo surge en respuesta a la creciente campaña de desprestigio, persecución y hostigamiento que estas organizaciones han sufrido por parte de integrantes del gobierno del Estado de México, especialmente después de las denuncias públicas que Pérez Espinoza realizó contra figuras políticas de alto perfil.

El 25 de agosto, PIDHAC y FMVD informaron a RSDCIAC sobre la situación crítica que enfrentan. La persecución en su contra se intensificó después de que José Humbertus Pérez Espinoza acusara a la senadora Mariela Gutiérrez Escalante de ser parte de un “cártel inmobiliario” en la entidad, y al Magistrado Ricardo Sodi Cuellar,  de actuar en beneficio de bancos e inmobiliarias. Ericka Zamora Pardo, subrayó la importancia de visibilizar estas denuncias, destacando que se trata de actos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos.

Un caso especialmente preocupante de esta persecución se registró el mismo 25 de agosto, cuando el Juzgado Quinto de Ecatepec ordenó el desalojo de una vivienda habitada por miembros del FMVD, pese a contar con un amparo vigente. Este desalojo se suma al continuo hostigamiento que ha afectado a los integrantes de PIDHAC, liderados por Pérez Espinoza. **María Magdalena López Paulino**, vocera de RSDCIAC, calificó estos hechos como una clara violación a los derechos humanos y a las garantías legales, enfatizando la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades.

Ante esta situación alarmante, la marcha del 3 de septiembre será un llamado a las autoridades del Estado de México y del gobierno federal para que se frene la fabricación de falsos culpables y se respeten las sentencias de amparo en conformidad con los estándares internacionales. Asimismo, PIDHAC y FMVD exigirán que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita in loco para verificar la situación de derechos humanos en el país.

En este contexto, Ericka Zamora Pardo,  también hizo un llamado a la gobernadora del Estado de México para que establezca un diálogo abierto con estas organizaciones. Además, **María Magdalena López Paulino** solicitó a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a su futuro gabinete, que inicien mesas de trabajo con PIDHAC, FMVD y RSDCIAC para facilitar la visita in loco de la CIDH.

Este llamado cobra especial relevancia tras la audiencia temática “La Situación de las Personas Privadas de Libertad en México”, realizada el 14 de junio de 2023 durante el 187° Período de Sesiones de la CIDH, donde se acordó la realización de dicha visita para evaluar la situación de derechos humanos en México.

Finalmente, Ericka Zamora Pardo y **María Magdalena López Paulino** reiteraron su apoyo a PIDHAC y FMVD, organizaciones que próximamente tomarán las calles para exigir justicia, el fin del hostigamiento y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados ante la CIDH. Este es un llamado a la verdad, la justicia y la libertad en el Estado de México.

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Intensificación del Hostigamiento y Persecución: Defensor de Derechos Humanos Denuncia Acoso Sistemático

 

Agencia MANL 

Estado de México.- El defensor de derechos humanos, José Humbertus Pérez Espinoza, representante de las organizaciones Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) y el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. (FMVD), ha alzado la voz para denunciar un incremento en el hostigamiento y la persecución en su contra, así como contra las organizaciones que lidera. Esta denuncia fue hecha ante la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), señalando que esta escalada de represión se ha intensificado como respuesta a sus actividades y declaraciones públicas.

Pérez Espinoza ha sostenido posturas críticas en contra de la exalcaldesa de Tecámac y virtual senadora, Mariela Gutiérrez Escalante, a quien ha acusado de formar parte del "cártel inmobiliario" que opera en la entidad. Según el defensor, durante la administración de Gutiérrez Escalante no se embargaron las garantías a las inmobiliarias, permitiendo su impunidad. Además, la señala de tener alianzas con las oligarquías hipotecarias e inmobiliarias y de ser conocida por su sed de venganza.

El defensor también ha señalado públicamente al Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, acusándolo de ser un subordinado de bancos e inmobiliarias, lo que agrava aún más su situación de riesgo.

DESALOJO IRREGULAR EN TECÁMAC

En un incidente reciente que ilustra la gravedad de la situación, Pérez Espinoza informó que el 25 de agosto, a las 9:00 a.m., policías municipales, junto con cargadores y personal del Juzgado Quinto de Ecatepec, con sede en Tecámac, realizaron un desalojo de habitantes de una vivienda, pese a que estos contaban con un amparo vigente. Este hecho, según el defensor, es una violación flagrante al derecho de un juicio justo, y pone en evidencia la falta de condiciones de seguridad personal, física y psicológica para él y los integrantes de las organizaciones que representa.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Ante el contexto de riesgo físico y psicológico que enfrenta José Humbertus Pérez Espinoza y los integrantes de PIDHAC y FMVD, se manifiesta una profunda preocupación por la criminalización de su labor y la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales frente a estos actos de impunidad. 

Las organizaciones que apoyan a Pérez Espinoza han solicitado una investigación efectiva y pronta que esclarezca los hechos denunciados, se sancione a los responsables materiales e intelectuales de los actos intimidatorios, amenazas y desalojo, y se garantice que estos hechos no se repitan. Además, exigen medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de Pérez Espinoza y los integrantes de las organizaciones que él representa, y que cese el hostigamiento en su contra.

Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor sin miedo a represalias. Se hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones nacionales e internacionales a unirse en la defensa de Pérez Espinoza y sus colegas.

CONTACTOS PARA LA ACCIÓN URGENTE

Se solicita a los ciudadanos que se solidaricen con esta causa, enviando cartas de apoyo a las siguientes direcciones:

- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Twitter: [@lopezobrador_](https://twitter.com/lopezobrador_)

- Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación: atencionciudadana@segob.gob.mx

- Gobernadora del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez: Twitter [@delfinagomeza](https://twitter.com/delfinagomeza), jefatura.endomex@gmail.com

- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Presidenta Myrna Araceli García Morón: Twitter [@CODHEM](https://twitter.com/CODHEM)

- José Luis Cervantes Martínez, Fiscalía General de Justicia del Estado de México: Twitter [@FiscaliaEdomex](https://twitter.com/FiscaliaEdomex)

Además, se sugiere enviar copias a la siguiente dirección de correo: rddhorg@gmail.com

Esta Acción Urgente es un llamado a proteger a quienes defienden los derechos de todos, y a asegurar que la justicia prevalezca en el Estado de México.

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Desalojo en Villa del Real: Venganza Política de Mariela Gutiérrez contra José Humbertus Pérez

 

* Y  Abuso de Autoridad, Denuncian

Agencia MANL 

Tecámac, Méx.- A las 9:00 a.m. de este domingo, la tranquila mañana en la privada Alanís, en la quinta sección de Villa del Real, se vio interrumpida por una escena dramática y caótica. Una veintena de policías municipales, acompañados por cargadores y personal del Juzgado Quinto de Ecatepec, con sede en Tecámac, llegó al número 16 para desalojar a la familia Jiménez Medina, quienes son miembros del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD). 

El desalojo, que según los afectados fue una represalia política por las declaraciones de José Humbertus Pérez Espinoza contra Mariela Gutiérrez hace unos días, tal como les informaron los representantes del juzgado y las autoridades presentes, marcó un día de profunda conmoción para la familia.

Adriana Medina, una de las afectadas, mostró a los agentes y actuario, un amparo que, a pesar de estar en regla, fue desestimado. Los funcionarios y el representante del banco Scotiabank rechazaron el documento, e incluso uno de los representantes del juzgado impidió que Adriana cerrara la puerta, forzando la entrada al domicilio. La situación se volvió más angustiante cuando Magaly Jiménez, hija de Adriana, tuvo que despertar y evacuar apresuradamente a sus tres hermanos menores, quienes observaron con preocupación, cómo sus pertenencias fueron sacadas de la primera planta del hogar.

José Humbertus Pérez Espinoza, líder del FMVD, atribuye el desalojo a una represalia por sus recientes denuncias contra Mariela Gutiérrez Escalante, exalcaldesa de Tecámac y actual senadora electa por Morena. Pérez Espinoza acusó a Gutiérrez Escalante de estar involucrada en un "cártel inmobiliario" y de no haber tomado medidas contra las inmobiliarias durante su administración. En su opinión, el desalojo es una venganza orquestada por Gutiérrez Escalante en colaboración con el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, a quien Pérez Espinoza tacha de ser un "empleado y subordinado de bancos e inmobiliarias" y cómplice en desalojos ilegales.

La comunidad y miembros del FMVD no tardaron en mostrar su solidaridad con la familia Jiménez Medina, ayudando en la mudanza y expresando su indignación por lo que consideran un abuso de autoridad. Adriana Medina hizo un llamado urgente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que interviniera en el caso, denunciando que el desalojo se llevó a cabo de manera ilegal y exigiendo justicia para recuperar su patrimonio.

Por su parte, Arturo Pérez, miembro del FMVD, criticó la actuación de Gutiérrez Escalante y del magistrado Sodi Cuellar, acusándolos de traicionar los principios del obradorismo y de aliarse con intereses corruptos. Aseguró que el desalojo se realizó de manera ilegítima, utilizando procedimientos judiciales inapropiados.

En medio de un contexto de acusaciones de corrupción y abuso de poder, el caso de la familia Jiménez Medina continúa generando preocupación y debate sobre la legalidad y la ética de los procedimientos de desalojo en la región.

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Organizaciones Civiles del Estado de México Listas para la Elección de Jueces y Magistrados

 

* FMVD y PIDH encabezan marcha en Puebla para haya reforma judicial y se declaran listos para participar en la elección de jueces y magistrados 

Agencia MANL 

Estado de México.- Las organizaciones Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH A.C.) y Frente Mexiquense en Defensa para Una Vivienda Digna (FMVD A.C.) han anunciado que están preparadas y organizadas para la próxima elección de jueces y magistrados del Estado de México. Ambas agrupaciones, reconocidas por su labor en defensa de los derechos humanos, han sido víctimas de la impunidad y corrupción en los órganos jurisdiccionales del estado durante los últimos 14 años, específicamente en materia civil y penal.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN EL TSJEM

En un comunicado, las organizaciones señalaron la responsabilidad de los ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza y Dr. Ricardo Sodi Cuellar, en la legitimación del despojo de viviendas y la fabricación de delitos. A pesar de los recursos asignados al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México durante sus administraciones, los juzgados carecen de recursos y el personal no ha sido debidamente seleccionado, profesionalizado ni capacitado para operar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Asimismo, responsabilizaron a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, miembros de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), por no cumplir con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia del 18 de junio de 2008. Esto ha perpetuado un sistema judicial que, según las organizaciones, favorece la impunidad y la corrupción.

ORGANIZADOS 

PIDH y FMDVD han organizado las cuatro regiones que conforman los Distritos Judiciales del Estado de México y han identificado a jueces y magistrados que han avalado despojos de viviendas y la fabricación de falsos culpables. Estas acciones forman parte de un plan para impulsar el Plan “C” del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado, buscando la destitución de jueces corruptos y cómplices de violaciones a los derechos humanos.

MARCHA PACIFICA A PUEBLA PARA EXIGIR REFORMA JUDICIAL 

Este martes, FMVD y PIDH se unirán en una marcha pacífica en la ciudad de Puebla, liderada por José Humbertus Pérez Espinoza, en el marco del 6to Foro por la Reforma al Poder Judicial. Este evento discutirá la necesidad de una reforma judicial que garantice justicia y equidad en México.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN 

En reiteradas ocasiones, José Humbertus Pérez Espinoza ha destacado la importancia de reformar el sistema judicial para proteger los derechos de todos los mexicanos. "No podemos seguir permitiendo que la injusticia y la corrupción sean la norma en nuestro país", afirmó Pérez Espinoza, enfatizando la necesidad de una reforma integral.

Presunción de Inocencia en Derechos Humanos subraya la importancia de garantizar que los derechos de los acusados sean respetados durante todo el proceso judicial. La presunción de inocencia es un principio fundamental que debe ser protegido para evitar abusos y errores judiciales.

UN LLAMADO A LA REFORMA 

Integrantes de ambos colectivos han expresado en redes sociales que la marcha pacífica no solo es una manifestación de descontento, sino también un llamado a la acción para legisladores y autoridades judiciales. Asimismo, han urgido a los participantes del foro a tomar medidas concretas que promuevan una verdadera reforma judicial en México.

FMVD y PIDH esperan que en el 6to Foro por la Reforma al Poder Judicial en Puebla acudan líderes comprometidos y organizaciones dedicadas a la justicia para unirse en la lucha por un sistema judicial más justo y equitativo. Esta marcha pacífica es solo el comienzo de una serie de acciones destinadas a transformar el sistema judicial mexicano, garantizando que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos y respetados.

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