CRÓNICA DE LA DERROTA ANUNCIADA DEL SIMULADOR DEL DERECHO: RICARDO SODI CUÉLLAR PARA SER ELECTO MINISTRO DE LA SCJN

  

Por José Humbertus Pérez Espinoza 

COLUMNA ESPECIAL

Es importante señalar cómo ningún candidato que provenga de los intereses más oscuros y pervertidos de las oligarquías, grupos criminales, delincuentes de cuello blanco y el poder político,  no tolera la más mínima crítica a su pasado corrupto y criminal. No les gusta la exhibición de cartas críticas de familiares que han sufrido las resoluciones penales de sus sentencias, que violan los derechos humanos.

Ricardo Sodi Cuéllar está acostumbrado a la simulación de leyes, a los acontecimientos de oropel y mentiras, a la opacidad en la aplicación de los recursos públicos y a las trampas para la transparencia.

Se indigna cuando lo llaman: corrupto, protector de criminales, beneficiario de gastos y salvavidas del tesoro público.

Tomada de internet 

Proclama que se lleva a cabo una campaña en su contra para que no sea elegido ministro de la SCJN, basada en la muy sospechosa pregunta de: ¿quién financió las denuncias y el transporte al INE?

Discrimina la capacidad de lucha de quienes no son como él: los pobres, las clases trabajadoras, los familiares e inocentes que están en prisión y las familias que los despojaron de sus hogares.

Ricardo Sodi Cuéllar salió en defensa propia, publicando perfiles falsos en redes sociales y con títulos que reflejan su verdadero temor de ir a prisión, regresando a su hábitat como reincidente. Y literalmente afirmó:

¿Quién está detrás de la campaña contra la candidatura de Sodi Cuéllar? La manipulación y los intereses ocultos en la protesta contra la 4T.

Conexión a Internet 

¿Un conservador ultraderechista Sodi Cuéllar (legionario de Marcial Maciel, el pederasta violador de menores)? ¿Ahora heraldo de la “izquierda” y “defensor de la 4T”? ¡Qué cínico y perverso es el corrupto Sodi Cuéllar!” Y señala otra vacilación:

“Pretenden cancelar mi candidatura con un acarreo: Ricardo Sodi, aspirante a ministro de la SCJN”.

Ricardo Sodi Cuéllar se ríe cuando dice: “Están tratando de anular mi candidatura con ‘carrying’”. No es cierto Mediante la manifestación de las ideas (que es un derecho humano), acreditamos, mediante la transparencia y el Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM, la opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte de Ricardo Sodi Cuéllar.

Los desembolsos a los medios de comunicación del PJEM para los años 2020-2024 fueron de $52,312,789.00 y los desembolsos a eventos públicos fueron de $25,312,731.00, haciendo un total de $77,671,520.00. Esta información fue proporcionada por el Director de Recursos Materiales y Servicios de la PJEM, Lic. en el C. Edgar Rodríguez Martínez, a través del oficio número 3013204000/713/2024, de fecha 23 de octubre de 2024. Asunto: la Solicitud de Acceso a la Información Pública, dirigida al Maestro en Derecho José Edgar Marín Pérez, titular de la Unidad de Transparencia del PJEM.

Tomada de internet 

Es importante señalar que, en la hoja número 1 del documento citado, se informaron los siguientes puntos:

3. Capacitación en materia penal.

3.1 Cursos impartidos por la Escuela Judicial del Estado de México.

4. Cursos impartidos por la Escuela Judicial del Estado de México relacionados con la Justicia Juvenil.

Se invirtieron $170,000.00 en entrenamiento criminal; por cursos impartidos por la Escuela Judicial del Estado de México, $6,459.00; y cursos impartidos por la Escuela Judicial relacionados con la Justicia Juvenil, $6,459.00.

En contraste, PJEM gastó $1,936,250.00 en recuerdos del evento (compra de osos de peluche); y por servicios de traducción, $144,728.00.

En la información que nos fue proporcionada, en el anexo al citado documento de fecha 23 de octubre de 2024, en el Concentrado 01254/INFOEM/IP/RR/2024:

En el número 5, año 2021, contrato LP-PJ-009/2021, equipamiento de 36 Salas de Tribunales Orales para materia penal, de familia y mercantil, por la cantidad de $49.926.206,00.

En el número 67, año 2023, contrato LP-PJ-005/2023, adquisición y suministro de bienes de tecnología informática, así como la concentración de servicios para la instalación y adecuaciones necesarias para la habilitación y adecuación de 59 Salas de Tribunales Orales en materia penal, familiar, mercantil y laboral, por la cantidad de $110.578.341,00.

Estos dos contratos han sobreestimado los precios para la instalación de las salas de juicio oral y suman un total de $160.504.547,00.

Tomada de internet 

Cabe señalar que el 16 de enero de 2020, Ricardo Sodi Cuéllar designó al Lic. Roberto Cervantes Martínez (hermano del Procurador General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez) como Director General de Administración del PJEM.

El 9 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura del Estado de México, presidido por Ricardo Sodi Cuéllar, otorgó la facultad al Lic. Roberto Cervantes Martínez, director general de Administración del Poder Judicial del Estado de México, para celebrar los convenios y contratos derivados de procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios de cualquier naturaleza.

Ricardo Sodi y Roberto Cervantes, con el acuerdo citado, depusieron a los asesores de la Comisión de Administración del CJEM, y así sobrevaloraron todos los contratos en materia de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios para favorecer a empresas amigas.

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La Justicia a la Venta

 

A Contraluz/ "El Tecladista"

COLUMNA ESPECIAL 

En enero de 2025, Ricardo Sodi Cuéllar concluyó su mandato al frente del Poder Judicial del Estado de México, dejando atrás contratos millonarios que siguen generando dudas. Uno de los más destacados fue un acuerdo firmado el 27 de abril de 2023 con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV por más de 110 millones de pesos, destinado a “modernizar” las salas de audiencias. Sin embargo, muchos de los equipos adquiridos aún no se utilizan o ni siquiera se han instalado.

Lo curioso es que Roberto Cervantes Martínez, director de Administración del Poder Judicial y firmante de este contrato, es hermano de José Luis Cervantes, fiscal general del Estado de México. Esto ha generado sospechas de conflictos de intereses en las decisiones de contratación. Ahora, con Sodi buscando un lugar en la Corte Suprema, queda claro que la justicia sigue siendo un negocio muy lucrativo para unos pocos, mientras los recursos siguen fluyendo sin que se vean los resultados prometidos.

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Contratos millonarios en el Poder Judicial del Estado de México: ¿inversión o despilfarro?

 

*Una adjudicación multimillonaria bajo la administración de Ricardo Sodi Cuellar


Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, México.- Durante la gestión de Ricardo Sodi Cuellar al frente del Poder Judicial del Estado de México, se firmó un contrato por más de 110 millones de pesos con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV para la habilitación de 59 salas de juicio oral en distintas regiones de la entidad. Este contrato, identificado como LP-PJ-05/2023, contemplaba la adquisición de hardware y la contratación de servicios para su instalación, incluyendo equipos de audio, vídeo, almacenamiento y seguridad.

El contrato se firmó el 27 de abril de 2023 entre el Poder Judicial de la República, representado por Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración, y el representante legal de la empresa contratista, Jorge Antonio Soto Ramírez.

Cabe señalar que Roberto, quien se desempeña como representante del Poder Judicial de la Federación, es hermano del actual Procurador General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.

La multimillonaria inversión tuvo como objetivo modernizar el sistema judicial a través de la implementación de tecnología en las salas de audiencias en materia penal, de familia, mercantil y laboral. Sin embargo, la licitación pública ha generado diversas preocupaciones sobre la justificación del gasto, la transparencia del proceso y la necesidad real de los equipos adquiridos.

ALTOS COSTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS

El contrato detalla la compra de diversos dispositivos tecnológicos, con precios que llaman la atención por su elevado costo. Entre los más destacados se encuentran:

Micrófonos IP ambientales tipo techo: $4,400,815.71 pesos.

Micrófonos IP ambientales tipo arreglo lineal: $1,020,529.60 pesos.

Cámaras IP domo: $2,604,663.40 pesos.

Servidor de grabación centralizado: $2,157,294.00 pesos.

Software para salas de juicio oral: $53,985,826.50 pesos.

Intercomunicador para conversación privada (abogado-demandado): $957,949.86 pesos.


El software, cuyo costo supera los 53 millones de pesos, representa casi la mitad del total del contrato, lo que ha generado sospechas sobre su valor real en comparación con otras opciones en el mercado.

TECNOLOGÍA EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES SA DE CV

La empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV no es ajena a los contratos gubernamentales. Según registros del Poder Judicial, está registrado como proveedor con RFC TTE910804KN3, y ha participado en otras licitaciones con instituciones estatales.

Sin embargo, los detalles sobre su capacidad operativa y experiencia en proyectos de esta magnitud no han sido ampliamente divulgados, lo que genera dudas sobre los criterios que llevaron a su selección.

FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA LICITACIÓN

Aunque el contrato especifica que se realizó una Licitación Pública Nacional de manera presencial, el acceso a los detalles del proceso ha sido limitado. La falta de información sobre otros postores y las razones que llevaron a la adjudicación a esta empresa han generado preocupaciones sobre posibles irregularidades.

Además, los especialistas en compras gubernamentales han notado que algunos precios parecen estar inflados, especialmente en artículos como almacenamiento de datos y equipos de audio.

DUDAS SOBRE EL USO DEL EQUIPO ADQUIRIDO

Una de las preguntas claves en torno a este contrato es si la inversión de más de 110 millones de pesos realmente se tradujo en un mejor acceso a la justicia y salas de juicio oral más eficientes.

Fuentes internas del Poder Judicial han señalado que muchos de los dispositivos adquiridos aún no están operativos, lo que genera sospechas sobre un posible sobreprecio o subutilización de recursos.

Adicionalmente, en juzgados de municipios como Ecatepec y Toluca, abogados y usuarios han denunciado que la infraestructura tecnológica continúa presentando fallas, lo que pone en duda si los equipos adquiridos realmente fueron instalados y utilizados como lo especifica el contrato.

INVERSIÓN BAJO LA LUPA

El contrato LP-PJ-05/2023 representa un gasto multimillonario con promesas de modernización que, hasta ahora, han sido difíciles de verificar. Hasta que no se esclarezca la correcta implementación de los equipos y la funcionalidad del software adquirido, la adjudicación de estos más de 110 millones de pesos seguirá generando dudas y desconfianza en el manejo de los recursos del Poder Judicial del Estado de México.

Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas serán importantes para determinar si esta licitación realmente cumplió con su propósito o si se trata de otro caso de posible desperdicio de recursos públicos durante la parte final del mandato de Ricardo Sodi Cuéllar al frente del Poder Judicial del Estado de México, quien actualmente aspira a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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RICARDO SODI CUELLAR: ¡UN FRAUDULENTO Y SIMULADOR DE LA LEY!

 

* “Mis gustos: "De los tacos al caviar" – Sodi Cuéllar.

Por José Humbertus Pérez Espinoza

COLUMNA ESPECIAL

El supuesto "perito" y "doctor en derecho" Ricardo Sodi Cuellar, es un estafador consumado, esto lo llevo a estar en prisión junto a unos israelíes que cometieron un gran fraude.

Cuentan historias desde la cárcel que (como el propio Sodi Cuellar le cuenta a la periodista Violeta Huerta en la entrevista El otro rostro de Ricardo Sodi "... es muy fácil complacerme: a mí me gusta todo lo bueno y en abundancia. Como todo, es mi problema es que soy un glotón, que disfruto de la comida y de lo que se me ponga por delante: me gusta todo, desde los tacos hasta el caviar...)

En la cárcel era un tipo divertido, gordito y de mejillas sonrosadas, el cocinero estrella. de los ciudadanos judíos. ¡En Caná todos comían en abundancia!

El llamado padre del amparo, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro El jurista y el simulador de la ley, nos ilustra (y cómo actúa Ricardo Sodi), nos cuenta la siguiente:

“La audacia del pretendiente, no la inteligencia de la que carece, lo convierte en un farsante a los ojos de quienes no lo conocen, que buscan su aplauso y su admiración”. Su mediocridad, derivada de la ausencia de valía personal, hace arrogante y, a veces, envidioso.

Un juez simulado, es decir, un juez terrible, implica un ser de mayor peligrosidad social que el más draconiano de los gobernantes al que sirve de lacayo para “legalizar” sus excesos, aberraciones e injusticias.

Ricardo Sodi, en su calidad de defraudador y transgresor de la ley, llegó por la puerta trasera del Senado de la República para ingresar a la lotería. Conocí las perversas actuaciones y simulación del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) violatorias de la Constitución.

Sus compañeros del CEPJF y miembros de la escuela de simuladores jurídicos elaboraron una lista “ad hoc” principalmente con candidatos del conservadurismo para llegar como ministros a la SCJN y seguir minando el proyecto de la 4T, contando con fuego amigo.

Tuve la oportunidad de escuchar el odio que tenía contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus principales críticas: los bajos salarios de los servidores públicos, la austeridad republicana y el principio de “¡por el bien de todos, primero los pobres!”.

Los defraudadores y transgresores de la ley revelan sus actitudes y conductas antisociales con lo que piensan: “es muy fácil complacerme: a mí todo me gusta bueno y en abundancia”, como lo expresan Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano” y Joaquín Guzmán. El Chapo Guzmán en sus etapas de abundancia, la vida de despilfarro, el lujo y la extravagancia son el sello distintivo de estos personajes violentos y autoritarios.

Eso es evidente, lo escribí y lo expresé en varios programas cuando se sumó a las críticas contra López Obrador en la Reforma al Poder Judicial, sin ruborizarse y pintándolo de simulador de leyes, operó para el Jefe de Jefe del Ministerio de El Cártel de la Toga, Luis María Aguilar Morales.

Ministro Aguilar Morales, principal generador de violencia, desde la SCJN otorgó protección a delincuentes peligrosos. Negar el juicio de garantías como política de Estado y decisiones corporativas, que obligaron y amenazaron a los circuitos judiciales penales a dictar sentencias contra personas falsamente condenadas por delitos de alto impacto. crímenes.

Ricardo Sodi utilizó recursos públicos para realizar la contracampaña contra la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su plataforma electoral propuso la elección de jueces, magistrados y ministros.

Incluso, el 3 de mayo de 2024 (a un mes de las elecciones presidenciales), se realizó en el Palacio de Justicia de Toluca y con la presencia de un destacado opositor al ministro de la 4T, Jorge Mario Pardo Rebolledo, el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia. . y quien en su crítica expresó “La efectividad de los derechos humanos requiere jueces honestos y valientes: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo”.

El 10 de abril de 2024, Ricardo Sodi realizó el autoproclamado Congreso Internacional de Jurisprudencia, que tuvo como principal exponente a la ministra en retiro, militar y priista, Margarita Luna Ramos.

Asimismo, el simulador de leyes Ricardo Sodi el 19 de abril de 2024, en alianza con el corrupto presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, utilizó a la CONATRIB para apoyar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar. y Claudia Sheinbaum, conformaron el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CNMASC).

Este hecho se llevó a cabo con el uso ilícito de recursos públicos para que el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda (hijo del exministro Sergio A. Valls Hernández) fuera designado como presidente de este membrete de la CNMASC.

Así fueron las cosas, el defraudador y transgresor de la ley Ricardo Sodi entró a la lotería por la puerta trasera del Senado de la República, no quiso someterse al escrutinio, a la transparencia de las Comisiones Evaluadoras del Poder Legislativo y mucho menos la del Poder Ejecutivo.

Ricardo Sodi no goza de buena reputación y mucho menos de no estar condenado por un delito grave con pena de prisión, esa razón llevó al CEPJF o al “Club Tobi” a proponerlo como candidato a ministro, esta propuesta viola la Constitución, por lo tanto, Su solicitud y su candidatura para ser beneficiario de la insaculación es inconstitucional.

Este tema y lo anunciado se tratará en el próximo programa sobre la protección de la FMDVD, para denunciar a los responsables del Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario y la denuncia penal contra los responsables del desvío de miles de millones de pesos del FASP. recursos. en el Estado de México y responsable de la fabricación de los culpables.

Graficas Especiales tomadas de internet 

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Reforma al Poder Judicial y el Clamor de Justicia en el Estado de México

 

Ricardo Sodi Cuellar (Arriba) y Octavio Martínez Vargas  (Abajo) 

Por: Redacción / Agencia MANL

Ecatepec, Méx.- El diputado local por el Distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, ha encendido un debate crucial en torno a la reciente iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador. Presentada el pasado 5 de febrero, esta reforma ha sido aprobada a nivel federal y ahora enfrenta el reto de su armonización en los congresos locales, incluido el del Estado de México.

EL FONDO DE LA REFORMA

La reforma busca reorganizar el sistema judicial en los estados. Uno de los puntos más relevantes es el octavo transitorio, que otorga a las entidades federativas un plazo de 180 días para armonizar su constitución con los lineamientos federales. En el caso del Estado de México, el plazo vence el próximo 15 de marzo.

Martínez Vargas denunció el rezago del Poder Judicial estatal en el acceso a la justicia:

> "Ocupamos el último lugar en acceso a la justicia. El Poder Judicial del Estado de México está más ocupado en frivolidades, excesos, abusos y corrupción".

El diputado criticó la gestión de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quien acusó de perpetuar un sistema judicial plagado de nepotismo, abusos y decisiones controversiales.

ARMONIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

La propuesta del Grupo Parlamentario de Morena incluye medidas contundentes para renovar el Poder Judicial mexiquense. Entre las reformas planteadas destacan:

Evaluación y elección pública de jueces y magistrados por la ciudadanía.

Fortalecimiento de la Escuela Judicial con nuevos estándares de formación y profesionalización.

Rediseño de la estructura judicial, que contempla una sala superior con nueve magistrados, con presidencias rotativas.

Además, el diputado subrayó que, en su opinión, la presidencia del Tribunal debería ser encabezada por una mujer para aportar una visión diferente al sistema judicial.

LA VERDAD DE ECATEPEC Y EL ESTADO DE MÉXICO

Martínez Vargas no solo abordó la reforma judicial; también trazó un panorama preocupante sobre la situación en el Estado de México.

Desalojos injustificados: Más de 3,000 familias han sido desalojadas sin previo aviso ni juicio justo, apuntando nuevamente al rol permisivo del Poder Judicial.

Inocentes encarcelados y delincuentes libres: Señaló que gran parte de las personas en prisión enfrentan acusaciones fabricadas, mientras los verdaderos delincuentes gozan de impunidad.

Inseguridad desbordada: Denunció el avance del crimen organizado en la entidad, la corrupción de las fuerzas policiales y su complicidad en actividades delictivas.

> “La gente merece procesos justos y una defensoría pública efectiva, con suficientes abogados para quienes han sido víctimas de acusaciones falsas”, enfatizó.

MAS ALLÁ DE LAS REFORMAS

El diputado también hizo un llamado a la responsabilidad de los representantes populares y mandos policiales, independientemente de su afiliación política. Subrayó que quienes estén involucrados en delitos deben ser apartados, sin importar si pertenecen a Morena, PRI, PAN o PRD.

El país y el Estado de México, dijo, enfrentan retos extraordinarios que requieren de decisiones firmes y un cambio profundo en las instituciones:

> "El Poder Judicial está podrido y no hay justicia para los ciudadanos. Es urgente cambiar y modificar este sistema para que realmente sirva a la gente".

EL CAMINO POR DELANTE

Octavio Martínez, advirtió que la discusión y aprobación de estas reformas se anticipan para diciembre. De concretarse, el Estado de México podría dar un paso histórico hacia un sistema judicial más transparente, justo y accesible para su población. Sin embargo, el éxito dependerá de la voluntad política y el compromiso real de sus actores para transformar la realidad de uno de los estados más desafiados por la inseguridad y la corrupción.

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Crisis de justicia en el Estado de México: denuncian simulación y fabricación de delitos

 

Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar 

* Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez

Por Redacción / Agencia MANL 

Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.

Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES

El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida de, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados ​​fabricados.

FISCAL BAJO FUEGO

El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.

José Luis Cervantes Martínez. 

"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.

SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.

LLAMADO A LA ACCIÓN 

Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.

La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.

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La Doble Moral de Ricardo Sodi Cuellar y Su Intento de Control Judicial

Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Méxi.- La figura de Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, ha estado envuelta en controversia en las últimas semanas, mostrando una doble moral que ha dejado entrever su intención de controlar el proceso de sucesión judicial en el Estado de México. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y su cercanía pública con la gobernadora Delfina Gómez, Sodi Cuéllar rechaza la idea de un presidente interino en el Poder Judicial, afirmando: “Terminaré mi ciclo al frente del Poder Judicial”. Este pronunciamiento, sin embargo, parece ocultar un intento de influencia en las decisiones legislativas y ejecutivas, desafiando el marco legal.

En redes sociales, Sodi Cuellar celebró la visita de la gobernadora al Palacio de Justicia, donde expresó: “El honor ha sido nuestro Gobernadora”, tras asistir juntos a un evento sobre justicia laboral. Sin embargo, en paralelo a esta cordialidad pública, Sodi Cuellar parece mantener un interés propio en la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al intentar definir la convocatoria sin el aval del Poder Legislativo. Paco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, ha sido enfático en que dicha convocatoria solo tendrá validez si es emitida por la LXII Legislatura. Cualquier intento de Sodi Cuellar de controlar la convocatoria, según Vázquez, sería una violación de la ley.

UN PLAN PARA LA REFORMA JUDICIAL

El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.

Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.

CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO

El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.

Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.

LA RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO 

Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.

Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.

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