Crisis de justicia en el Estado de México: denuncian simulación y fabricación de delitos

 

Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar 

* Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez

Por Redacción / Agencia MANL 

Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.

Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES

El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida de, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados ​​fabricados.

FISCAL BAJO FUEGO

El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.

José Luis Cervantes Martínez. 

"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.

SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.

LLAMADO A LA ACCIÓN 

Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.

La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.

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La Doble Moral de Ricardo Sodi Cuellar y Su Intento de Control Judicial

Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Méxi.- La figura de Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, ha estado envuelta en controversia en las últimas semanas, mostrando una doble moral que ha dejado entrever su intención de controlar el proceso de sucesión judicial en el Estado de México. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y su cercanía pública con la gobernadora Delfina Gómez, Sodi Cuéllar rechaza la idea de un presidente interino en el Poder Judicial, afirmando: “Terminaré mi ciclo al frente del Poder Judicial”. Este pronunciamiento, sin embargo, parece ocultar un intento de influencia en las decisiones legislativas y ejecutivas, desafiando el marco legal.

En redes sociales, Sodi Cuellar celebró la visita de la gobernadora al Palacio de Justicia, donde expresó: “El honor ha sido nuestro Gobernadora”, tras asistir juntos a un evento sobre justicia laboral. Sin embargo, en paralelo a esta cordialidad pública, Sodi Cuellar parece mantener un interés propio en la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al intentar definir la convocatoria sin el aval del Poder Legislativo. Paco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, ha sido enfático en que dicha convocatoria solo tendrá validez si es emitida por la LXII Legislatura. Cualquier intento de Sodi Cuellar de controlar la convocatoria, según Vázquez, sería una violación de la ley.

UN PLAN PARA LA REFORMA JUDICIAL

El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.

Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.

CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO

El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.

Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.

LA RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO 

Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.

Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.

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Diputado Octavio Martínez acusa a Ricardo Sodi de frenar la Reforma Judicial en el Estado de México

 

Agencia MANL 

Toluca, Méx. El diputado local Octavio Martínez Vargas, denunció públicamente que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, está coordinando una estrategia jurídica a nivel federal para combatir la Reforma al Poder Judicial Federal. Según el legislador, esta ruta jurídica "fracasará", y sugirió al magistrado que comience a preparar su propia defensa ante la inminente Reforma al Poder Judicial del Estado de México.

Recientemente Sodi Cuéllar, mencionó que ha sostenido reuniones con los nuevos diputados de la 62 Legislatura. Asimismo, cabe señalar que ha difundido en medios presuntamente pagados su postura frente a la reforma.

Además, el magistrado entregó a los 75 legisladores mexiquenses libros sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Ante esto, Martínez regresó la atención del magistrado, acusándolo de intentar influir en las decisiones de los diputados locales.

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Octavio Martínez Vargas llama a una profunda revisión del Poder Judicial en el Estado de México

 

* Destaca la participación de víctimas y condenados injustamente

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Durante su participación en la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales y Procuración de Justicia, el candidato a diputado local por el distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, hizo un enérgico llamado a revisar y reformar el sistema de justicia en el Estado de México. Enfatizó la importancia de incluir a las familias de personas que están purgando condenas por delitos fabricados y de escuchar a los internos que, según afirmó, se encuentran injustamente encarcelados.

En su discurso, Martínez Vargas subrayó que la actual configuración de la comisión, que reúne los temas de procuración y administración de justicia, es una oportunidad única para abordar temas que afectan gravemente al sistema judicial del Estado de México. Propuso realizar un calendario de foros que incluya la participación de familiares de los condenados, quienes sufren las consecuencias de las irregularidades en la administración de justicia. El candidato resaltó la necesidad de escuchar directamente a los internos e internas, muchos de los cuales purgan sentencias de más de 30 años por delitos que no cometieron.

“Debiésemos de seleccionar algunos reclusorios, por ejemplo, para ir y escuchar a quienes están internos e internas de manera injusta, a quienes no tienen acceso a la justicia, a quienes se les fabricaron delitos y se encuentran hoy purgando sentencias por más de 30 años. Mujeres y hombres en el Estado de México”, afirmó.

En cuanto a la administración de justicia, Martínez Vargas hizo una referencia directa al magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien está próximo a concluir su mandato a finales de este año. Martínez Vargas relató que recientemente recibió unos libros como presente del magistrado, mismos que decidió devolver, destacando que "no es necesario" aceptar esos obsequios. Además, señaló que con la salida de Sodi Cuellar será fundamental revisar la próxima convocatoria para nombrar a nuevos magistrados y jueces.

INVESTIGAR EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL PRODUCCIÓN Y PROPIEDADES MILLONARIAS

Otro de los temas destacados por el candidato fue la corrupción dentro del Poder Judicial, en particular respecto a los bienes inmuebles de algunos magistrados y jueces. Martínez Vargas citó la necesidad de revisar a fondo el Instituto de la Función Registral para identificar a los propietarios de mansiones y bienes cuya adquisición no podría justificarse con los salarios de los servidores públicos.

“Hemos de dar una revisión al registro en el Instituto de la Función Registral para ver quiénes son los dueños de las mansiones que están subiendo a La Marquesa, inmuebles que valen más de dos millones de dólares. Y vamos a encontrar sorpresas: magistrados, magistradas, jueces y juezas o titulares de órganos autónomos que, con su salario, no podrían pagar un inmueble de esa naturaleza, ni siquiera la renta”, declaró Martínez Vargas, enfatizando que estos casos son un claro reflejo de la corrupción dentro del sistema judicial.

DERECHO A LA REELECCIÓN DE JUZGADORES

Por último, el candidato hizo mención a los derechos de los jueces y magistrados para optar por la reelección. Si bien reconoció que muchos juzgadores cumplen adecuadamente con sus funciones, destacó que estos procesos deben realizarse bajo estricta revisión para asegurar que quienes se postulen nuevamente merezcan continuar en sus cargos.

“Yo no dudo que haya compañeras y compañeros juzgadores que hagan bien su papel. Tendrán derecho a reelegirse, siempre y cuando nadie les vete ese derecho”, sentenció.

Octavio Martínez Vargas cerró su intervención reiterando la importancia de convocar a foros plurales donde se escuchen todas las voces, tanto de actores del Poder Judicial como de las víctimas y de la sociedad civil, con el objetivo de construir una transformación real en la justicia del Estado de México.

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Campaña de Persecución y Hostigamiento Contra Defensores de Derechos Humanos en el Estado de México

 

Agencia MANL 

Ciudad de México. – La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) ha expresado su total apoyo a las organizaciones Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) y el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. (FMVD), así como al defensor de derechos humanos José Humbertus Pérez Espinoza, quienes están siendo objeto de una preocupante campaña de desprestigio, persecución y hostigamiento por parte de integrantes del gobierno del Estado de México.

El día de ayer, integrantes de PIDHAC y FMVD informaron a miembros de RSDCIAC sobre la constante persecución y amenazas que enfrentan. La preocupación principal recae en la integridad física y psicológica de José Humbertus Pérez Espinoza, quien encabeza ambas organizaciones. Esta situación ha escalado debido a las denuncias públicas realizadas por Pérez Espinoza contra la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, a quien acusa de formar parte de un "cártel inmobiliario" que opera en la entidad, y contra el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, a quien señala de estar al servicio de bancos e inmobiliarias.

Un reciente incidente que ha aumentado la tensión ocurrió el 25 de agosto, cuando el Juzgado Quinto de Ecatepec ordenó el desalojo de una vivienda habitada por miembros de FMVD, a pesar de que estos contaban con un amparo vigente. Este desalojo es solo un ejemplo del hostigamiento continuo al que están siendo sometidos los integrantes de PIDHAC y FMVD.

En respuesta a estos eventos, las organizaciones encabezadas por Pérez Espinoza han convocado a una manifestación que se llevará a cabo el 3 de septiembre. La movilización partirá de Torres de Aladid en Otumba, Estado de México, y culminará en los Tribunales Penales del Penal de Otumba. Durante el mitin, exigirán el fin de la fabricación de falsos culpables, sentencias de amparo que respeten la convencionalidad y la visita "in loco" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante esta situación, RSDCIAC ha hecho un llamado a la gobernadora del Estado de México para que mantenga un diálogo abierto con PIDHAC y FMVD. Además, solicitan a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a los futuros titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, que inicien mesas de trabajo con las organizaciones afectadas para asegurar la visita "in loco" de la CIDH.

Cabe recordar que el 14 de junio de 2023, durante el 187º Período de Sesiones de la CIDH, se realizó una audiencia temática sobre la situación de las personas privadas de libertad en México. En ella, representantes del Estado aceptaron la visita "in loco", un compromiso que ahora las organizaciones esperan que se cumpla.

Las voceras de RSDCIAC, Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino, reafirman su solidaridad con PIDHAC, FMVD y el defensor José Humbertus Pérez Espinoza. Exigen justicia, el cese del hostigamiento y el cumplimiento de los acuerdos ante la CIDH por parte del próximo gobierno.

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Mexiquenses desmienten y critican declaraciones de Ricardo Sodi Cuellar sobre desalojos

 

Agencia MANL 

Estado de México.- En una reciente emisión de "La Nota Judicial" en Mexiquense TV, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, defendió la legalidad y el proceso detrás de los desalojos de inmuebles en la entidad. Según Sodi Cuellar, estos actos, aunque socialmente sensibles, se llevan a cabo en estricto apego a la ley, garantizando que las propiedades sean restituidas a sus legítimos dueños. Aseguró que los desalojos no son caprichos, sino resultado de juicios donde ambas partes tuvieron oportunidad de defenderse, y que, en algunos casos, la intervención de la fuerza pública es necesaria para ejecutar dichas órdenes.

No obstante, las declaraciones del magistrado han generado una fuerte reacción por parte de los ciudadanos mexiquenses, quienes han señalado inconsistencias y falsedades en sus afirmaciones. A través de comentarios en la plataforma del canal de televisión, varios ciudadanos expresaron su indignación, desmintiendo los argumentos del magistrado y señalando que en muchos casos, los desalojos en el Estado de México han sido llevados a cabo de manera ilegal y con abuso de autoridad.

Carlos Murillo Guzmán, uno de los ciudadanos afectados, denunció que en Tecámac se han realizado desalojos aplicando leyes de manera retroactiva, lo que considera completamente ilegal. Cristy Saldana acusó a Sodi Cuellar de ser cómplice de desalojos anticonstitucionales, afirmando que su administración está cubierta por corrupción, y calificó sus mensajes como incoherentes y falsos.

Otro ciudadano, Octavio Benítez Isla, cuestionó la legalidad de los desalojos ejecutados contra el Frente Mexiquense, asegurando que Sodi Cuellar los autorizó a sabiendas de que violaban la ley. Cristy Cortez, por su parte, señaló que en el Estado de México han sufrido desalojos ilegales ejecutados por jueces corruptos y actuarios que contratan golpeadores para despojar a las familias de sus hogares.

Además, Sofía González criticó la falta de empatía del magistrado al no considerar el daño psicológico que estos desalojos causan en niños y adultos mayores, mientras que Elizabeth Barajas denunció la falta de justicia en el Estado de México, acusando a Sodi Cuellar de solapar a jueces que ordenan desalojos ilegales y violan los derechos humanos de los verdaderos dueños de las viviendas.

Los comentarios continuaron, con ciudadanos como Arturo Romo y Grisel Serpa Judat criticando la proliferación de cárteles inmobiliarios vinculados a jueces y magistrados, y cuestionando la legalidad de los procesos judiciales utilizados para ordenar desalojos en la entidad. Estas voces dejan claro el descontento generalizado hacia la gestión de Sodi Cuellar en materia judicial y la percepción de injusticia que prevalece entre los mexiquenses.

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Colectivos Anuncian Marcha en Otumba hacia el Tribunal Penal del reclusorio

* Hacen llamado Urgente a la Solidaridad y Justicia en el Estado de México ante abusos y represalias 

Agencia MANL 

Estado de México.- El próximo 3 de septiembre, las organizaciones Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) y el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. (FMVD) llevarán a cabo una marcha en Otumba, Estado de México, para denunciar la persecución y hostigamiento que han enfrentado en los últimos meses. La manifestación, que partirá de Torres de Adalid hacia los Tribunales Penales del Penal de Otumba, busca visibilizar la grave situación de acoso que afecta a los defensores de derechos humanos en la entidad y exigir justicia ante las autoridades.

La convocatoria a esta movilización ha sido respaldada de manera contundente por la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), cuyas voceras, Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino, han manifestado su apoyo total a PIDHAC, FMVD y a su líder, José Humbertus Pérez Espinoza. Este respaldo surge en respuesta a la creciente campaña de desprestigio, persecución y hostigamiento que estas organizaciones han sufrido por parte de integrantes del gobierno del Estado de México, especialmente después de las denuncias públicas que Pérez Espinoza realizó contra figuras políticas de alto perfil.

El 25 de agosto, PIDHAC y FMVD informaron a RSDCIAC sobre la situación crítica que enfrentan. La persecución en su contra se intensificó después de que José Humbertus Pérez Espinoza acusara a la senadora Mariela Gutiérrez Escalante de ser parte de un “cártel inmobiliario” en la entidad, y al Magistrado Ricardo Sodi Cuellar,  de actuar en beneficio de bancos e inmobiliarias. Ericka Zamora Pardo, subrayó la importancia de visibilizar estas denuncias, destacando que se trata de actos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos.

Un caso especialmente preocupante de esta persecución se registró el mismo 25 de agosto, cuando el Juzgado Quinto de Ecatepec ordenó el desalojo de una vivienda habitada por miembros del FMVD, pese a contar con un amparo vigente. Este desalojo se suma al continuo hostigamiento que ha afectado a los integrantes de PIDHAC, liderados por Pérez Espinoza. **María Magdalena López Paulino**, vocera de RSDCIAC, calificó estos hechos como una clara violación a los derechos humanos y a las garantías legales, enfatizando la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades.

Ante esta situación alarmante, la marcha del 3 de septiembre será un llamado a las autoridades del Estado de México y del gobierno federal para que se frene la fabricación de falsos culpables y se respeten las sentencias de amparo en conformidad con los estándares internacionales. Asimismo, PIDHAC y FMVD exigirán que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita in loco para verificar la situación de derechos humanos en el país.

En este contexto, Ericka Zamora Pardo,  también hizo un llamado a la gobernadora del Estado de México para que establezca un diálogo abierto con estas organizaciones. Además, **María Magdalena López Paulino** solicitó a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a su futuro gabinete, que inicien mesas de trabajo con PIDHAC, FMVD y RSDCIAC para facilitar la visita in loco de la CIDH.

Este llamado cobra especial relevancia tras la audiencia temática “La Situación de las Personas Privadas de Libertad en México”, realizada el 14 de junio de 2023 durante el 187° Período de Sesiones de la CIDH, donde se acordó la realización de dicha visita para evaluar la situación de derechos humanos en México.

Finalmente, Ericka Zamora Pardo y **María Magdalena López Paulino** reiteraron su apoyo a PIDHAC y FMVD, organizaciones que próximamente tomarán las calles para exigir justicia, el fin del hostigamiento y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados ante la CIDH. Este es un llamado a la verdad, la justicia y la libertad en el Estado de México.

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