martes, 11 de febrero de 2025

La Justicia a la Venta

 



A Contraluz/ "El Tecladista"


COLUMNA ESPECIAL 


En enero de 2025, Ricardo Sodi Cuéllar concluyó su mandato al frente del Poder Judicial del Estado de México, dejando atrás contratos millonarios que siguen generando dudas. Uno de los más destacados fue un acuerdo firmado el 27 de abril de 2023 con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV por más de 110 millones de pesos, destinado a “modernizar” las salas de audiencias. Sin embargo, muchos de los equipos adquiridos aún no se utilizan o ni siquiera se han instalado.


Lo curioso es que Roberto Cervantes Martínez, director de Administración del Poder Judicial y firmante de este contrato, es hermano de José Luis Cervantes, fiscal general del Estado de México. Esto ha generado sospechas de conflictos de intereses en las decisiones de contratación. Ahora, con Sodi buscando un lugar en la Corte Suprema, queda claro que la justicia sigue siendo un negocio muy lucrativo para unos pocos, mientras los recursos siguen fluyendo sin que se vean los resultados prometidos.


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Contratos millonarios en el Poder Judicial del Estado de México: ¿inversión o despilfarro?

 




*Una adjudicación multimillonaria bajo la administración de Ricardo Sodi Cuellar


Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, México.- Durante la gestión de Ricardo Sodi Cuellar al frente del Poder Judicial del Estado de México, se firmó un contrato por más de 110 millones de pesos con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV para la habilitación de 59 salas de juicio oral en distintas regiones de la entidad. Este contrato, identificado como LP-PJ-05/2023, contemplaba la adquisición de hardware y la contratación de servicios para su instalación, incluyendo equipos de audio, vídeo, almacenamiento y seguridad.

El contrato se firmó el 27 de abril de 2023 entre el Poder Judicial de la República, representado por Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración, y el representante legal de la empresa contratista, Jorge Antonio Soto Ramírez.


Cabe señalar que Roberto, quien se desempeña como representante del Poder Judicial de la Federación, es hermano del actual Procurador General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.

La multimillonaria inversión tuvo como objetivo modernizar el sistema judicial a través de la implementación de tecnología en las salas de audiencias en materia penal, de familia, mercantil y laboral. Sin embargo, la licitación pública ha generado diversas preocupaciones sobre la justificación del gasto, la transparencia del proceso y la necesidad real de los equipos adquiridos.

ALTOS COSTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS


El contrato detalla la compra de diversos dispositivos tecnológicos, con precios que llaman la atención por su elevado costo. Entre los más destacados se encuentran:

Micrófonos IP ambientales tipo techo: $4,400,815.71 pesos.

Micrófonos IP ambientales tipo arreglo lineal: $1,020,529.60 pesos.

Cámaras IP domo: $2,604,663.40 pesos.

Servidor de grabación centralizado: $2,157,294.00 pesos.

Software para salas de juicio oral: $53,985,826.50 pesos.

Intercomunicador para conversación privada (abogado-demandado): $957,949.86 pesos.


El software, cuyo costo supera los 53 millones de pesos, representa casi la mitad del total del contrato, lo que ha generado sospechas sobre su valor real en comparación con otras opciones en el mercado.

TECNOLOGÍA EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES SA DE CV

La empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV no es ajena a los contratos gubernamentales. Según registros del Poder Judicial, está registrado como proveedor con RFC TTE910804KN3, y ha participado en otras licitaciones con instituciones estatales.

Sin embargo, los detalles sobre su capacidad operativa y experiencia en proyectos de esta magnitud no han sido ampliamente divulgados, lo que genera dudas sobre los criterios que llevaron a su selección.




FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA LICITACIÓN

Aunque el contrato especifica que se realizó una Licitación Pública Nacional de manera presencial, el acceso a los detalles del proceso ha sido limitado. La falta de información sobre otros postores y las razones que llevaron a la adjudicación a esta empresa han generado preocupaciones sobre posibles irregularidades.

Además, los especialistas en compras gubernamentales han notado que algunos precios parecen estar inflados, especialmente en artículos como almacenamiento de datos y equipos de audio.



DUDAS SOBRE EL USO DEL EQUIPO ADQUIRIDO

Una de las preguntas claves en torno a este contrato es si la inversión de más de 110 millones de pesos realmente se tradujo en un mejor acceso a la justicia y salas de juicio oral más eficientes.

Fuentes internas del Poder Judicial han señalado que muchos de los dispositivos adquiridos aún no están operativos, lo que genera sospechas sobre un posible sobreprecio o subutilización de recursos.

Adicionalmente, en juzgados de municipios como Ecatepec y Toluca, abogados y usuarios han denunciado que la infraestructura tecnológica continúa presentando fallas, lo que pone en duda si los equipos adquiridos realmente fueron instalados y utilizados como lo especifica el contrato.

INVERSIÓN BAJO LA LUPA

El contrato LP-PJ-05/2023 representa un gasto multimillonario con promesas de modernización que, hasta ahora, han sido difíciles de verificar. Hasta que no se esclarezca la correcta implementación de los equipos y la funcionalidad del software adquirido, la adjudicación de estos más de 110 millones de pesos seguirá generando dudas y desconfianza en el manejo de los recursos del Poder Judicial del Estado de México.

Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas serán importantes para determinar si esta licitación realmente cumplió con su propósito o si se trata de otro caso de posible desperdicio de recursos públicos durante la parte final del mandato de Ricardo Sodi Cuéllar al frente del Poder Judicial del Estado de México, quien actualmente aspira a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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lunes, 10 de febrero de 2025

¿EL FISCAL DEL EDOMEX SOLICITARÁ LA FORMAL IMPUTACIÓN EN CONTRA DE SU HERMANO CUANDO EXISTE LOS DATOS DE PRUEBAS SUFICIENTES Y PERTINENTES?

 



* Ricardo Sodi Cuéllar: Una candidatura fraudulenta


Por José Humbertus Pérez Espinoza.


COLUMNA ESPECIAL


La acción fraudulenta es contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica al proceso para elegir a los:ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (CEPJF). 


En el caso concreto del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) le impuso candidatos que tienen un sello la mayoría de las y (os) aspirantes tienen militancia, afinidades o fueron en algunas matraqueras (os) o soldadas (os) del PRI.


La conformación de las listas de candidatas y los del grupo conservador fue una acción concertada dignas de un fraude al proceso, una vez que prepararon está acción fraudulenta, promovieron un amparo indirecto, para que se otorgara la suspensión de la funciones del CEPJF.

La suspensión del CEPJF fue entre otras cosas evitar justificar las cartas de recomendación, así no comerse las propias palabras del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menaque pronunció en la Harvard Law Schoollo siguiente: “entre los requisitos destaca que los aspirantes deberán tener un promedio de 8.0 de sus estudios y la presentación de cinco cartas de recomendación de sus vecinos”.

Pero las y (los) candidatos del bloque conservador lo que les caracteriza es la hipocresía, la deshonestidad y la doble moral, el caso más representativo es Ricardo Sodi Cuellar.


En diversas ocasiones lo invitamos a debatir y demostrarle que el oculta sus antecedentes penales al estar en prisión juntos con unos israelitas que cometieron un cuantioso fraude. El cocinero estelar de los ciudadanos judíos. ¡Todos comían en abundancia en la cana¡


Ricardo Sodi Cuellar, desplegó diversos hechos de corrupción esto se acredita con los contratos números:LP-PJ-09/2021 y LP-PJ-05/2023, para la adquisición, suministros de bienes informáticos y de servicios para la instalación y adecuación para habilitar 95 Salas de Juicios Orales en materias: penal, familiar, mercantil y laboral firmados el 23 de agosto de 2021 y 27 de abril de 2023.


Los acuerdos de voluntades los firmaron por el Poder Judicial del Estado de México: Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración y por Tecnología en Telecomunicaciones S.A. de C.V. los ciudadanos Hugo Alberto Méndez Arellano y Jorge Antonio Soto Martínez, el monto total de ambos contratos fue de $160, 504, 547.00 (ciento sesenta millones quinientos cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/M.N.).


No solo se acreditan que durante la administración de Ricardo Sodi Cuellar, se incrementaron los precios en la construcción, adquisición de bienes y servicios, sino también que, con respecto a las 95 Salas de Juicios Orales, concretamente las de juicios orales mercantiles, no se instalaron en donde se requerían y se simularon centenas de juicios mercantiles para despojar de viviendas a familias mexiquenses.

Estas operaciones del fraude procesal están acreditadas en diversos juicios orales mercantiles y que se dirimieron a la etapa de los amparos directos, en donde, los magistrados se quedaron estupefactos porque nunca se integraron a estos procesos jurisdiccionales mercantiles los audios y videos, está acción concertada la operaron Ricardo Sodi Cuellar y Roberto Cervantes Martínez.



Retomando las palabras de Ignacio Burgoa Orihuela “La audacia del simulador, que no la inteligencia de la que carece lo convierte en un farsante ante quienes no lo conocen buscando su aplauso y admiración”. Su mediocridad, derivada de la ausencia de valía personal, lo convierte en arrogante de oropel, y, a veces, en envidioso”. 



Incluso con conocimiento de causa Ricardo Sodi Cuellar se muestra de cuerpo entero el 04 de julio de 2023 “…lo convierte en un farsante ante quienes no lo conocen buscando su aplauso y admiración” y así inventó uno de muchos “reconocimientos patitos”.“PJEdomex obtiene segunda Certificación de Juicio Oral Mercantil. Rumbo a la certificación indefinida del Juicio Oral Mercantil, el Poder Judicial del Estado de México obtuvo, por segunda ocasión, el certificado que emite la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER, ahora con vigencia de dos años”.


Como explicar que el juzgado con más controversias mercantiles de juicios orales, ni si quieran instalaron las sala de juicio oral. Sin ningún cinismo obtuvo por segunda ocasión y le “otorgaron” el “certificado” de la CONAFER.


Para tapar este y muchos actos de corrupción, Ricardo Sodi Cuellar, haciendo uso de la simulación el pasado 07 de febrero de 2024 dio a conocer el comunicado titulado “Líderes del PJEdomex, reconocidos por “Great Place to Work” y con la esencia del simulador de derecho señaló:


“Great Place to Work GPTW reconoció al titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodí Cuellar, y al Director General de Administración, Roberto Cervantes Martínez de está institución, entre lo mejores CEOs y CHROs- lideres- del país, convirtiéndose en los únicos miembros de un tribunal o institución gubernamental en obtenerlo”.

Pero de nada de estos dos reconocimientos patitos impidió que Ricardo Sodi Cuellar perdiera el siguiente Recurso de Revisión número: 01254/INFOEM/IP/RR/2024, Recurrente José Humbertus Pérez Espinoza, Sujeto Obligado, Comisionada Ponente: Guadalupe Ramírez Peña.


La resolución del INFOEM por unanimidad de votos de los Comisionados que conforman este organismo colegiado tuvo verificativo en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del 03 de octubre de 2024.


Se obligó al titular del PJEM, Ricardo Sodi Cuellar a entregar toda la información de los eventos públicos, así como también toda la información de los recursos millonarios destinados ilegalmente a los medios de comunicación que el simulador del derecho quería ocultar.


La información contiene datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes que acreditan graves actos de corrupción desplegados por Ricardo Sodi Cuellar y Roberto Cervantes Martínez.



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domingo, 2 de febrero de 2025

RICARDO SODI CUELLAR: ¡UN FRAUDULENTO Y SIMULADOR DE LA LEY!

 


* “Mis gustos: "De los tacos al caviar" – Sodi Cuéllar.

Por José Humbertus Pérez Espinoza

COLUMNA ESPECIAL


El supuesto "perito" y "doctor en derecho" Ricardo Sodi Cuellar, es un estafador consumado, esto lo llevo a estar en prisión junto a unos israelíes que cometieron un gran fraude.

Cuentan historias desde la cárcel que (como el propio Sodi Cuellar le cuenta a la periodista Violeta Huerta en la entrevista El otro rostro de Ricardo Sodi "... es muy fácil complacerme: a mí me gusta todo lo bueno y en abundancia. Como todo, es mi problema es que soy un glotón, que disfruto de la comida y de lo que se me ponga por delante: me gusta todo, desde los tacos hasta el caviar...)

En la cárcel era un tipo divertido, gordito y de mejillas sonrosadas, el cocinero estrella. de los ciudadanos judíos. ¡En Caná todos comían en abundancia!

El llamado padre del amparo, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro El jurista y el simulador de la ley, nos ilustra (y cómo actúa Ricardo Sodi), nos cuenta la siguiente:

“La audacia del pretendiente, no la inteligencia de la que carece, lo convierte en un farsante a los ojos de quienes no lo conocen, que buscan su aplauso y su admiración”. Su mediocridad, derivada de la ausencia de valía personal, hace arrogante y, a veces, envidioso.

Un juez simulado, es decir, un juez terrible, implica un ser de mayor peligrosidad social que el más draconiano de los gobernantes al que sirve de lacayo para “legalizar” sus excesos, aberraciones e injusticias.

Ricardo Sodi, en su calidad de defraudador y transgresor de la ley, llegó por la puerta trasera del Senado de la República para ingresar a la lotería. Conocí las perversas actuaciones y simulación del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) violatorias de la Constitución.

Sus compañeros del CEPJF y miembros de la escuela de simuladores jurídicos elaboraron una lista “ad hoc” principalmente con candidatos del conservadurismo para llegar como ministros a la SCJN y seguir minando el proyecto de la 4T, contando con fuego amigo.

Tuve la oportunidad de escuchar el odio que tenía contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus principales críticas: los bajos salarios de los servidores públicos, la austeridad republicana y el principio de “¡por el bien de todos, primero los pobres!”.

Los defraudadores y transgresores de la ley revelan sus actitudes y conductas antisociales con lo que piensan: “es muy fácil complacerme: a mí todo me gusta bueno y en abundancia”, como lo expresan Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano” y Joaquín Guzmán. El Chapo Guzmán en sus etapas de abundancia, la vida de despilfarro, el lujo y la extravagancia son el sello distintivo de estos personajes violentos y autoritarios.

Eso es evidente, lo escribí y lo expresé en varios programas cuando se sumó a las críticas contra López Obrador en la Reforma al Poder Judicial, sin ruborizarse y pintándolo de simulador de leyes, operó para el Jefe de Jefe del Ministerio de El Cártel de la Toga, Luis María Aguilar Morales.


Ministro Aguilar Morales, principal generador de violencia, desde la SCJN otorgó protección a delincuentes peligrosos. Negar el juicio de garantías como política de Estado y decisiones corporativas, que obligaron y amenazaron a los circuitos judiciales penales a dictar sentencias contra personas falsamente condenadas por delitos de alto impacto. crímenes.

Ricardo Sodi utilizó recursos públicos para realizar la contracampaña contra la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su plataforma electoral propuso la elección de jueces, magistrados y ministros.

Incluso, el 3 de mayo de 2024 (a un mes de las elecciones presidenciales), se realizó en el Palacio de Justicia de Toluca y con la presencia de un destacado opositor al ministro de la 4T, Jorge Mario Pardo Rebolledo, el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia. . y quien en su crítica expresó “La efectividad de los derechos humanos requiere jueces honestos y valientes: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo”.



El 10 de abril de 2024, Ricardo Sodi realizó el autoproclamado Congreso Internacional de Jurisprudencia, que tuvo como principal exponente a la ministra en retiro, militar y priista, Margarita Luna Ramos.



Asimismo, el simulador de leyes Ricardo Sodi el 19 de abril de 2024, en alianza con el corrupto presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, utilizó a la CONATRIB para apoyar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar. y Claudia Sheinbaum, conformaron el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CNMASC).

Este hecho se llevó a cabo con el uso ilícito de recursos públicos para que el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda (hijo del exministro Sergio A. Valls Hernández) fuera designado como presidente de este membrete de la CNMASC.

Así fueron las cosas, el defraudador y transgresor de la ley Ricardo Sodi entró a la lotería por la puerta trasera del Senado de la República, no quiso someterse al escrutinio, a la transparencia de las Comisiones Evaluadoras del Poder Legislativo y mucho menos la del Poder Ejecutivo.


Ricardo Sodi no goza de buena reputación y mucho menos de no estar condenado por un delito grave con pena de prisión, esa razón llevó al CEPJF o al “Club Tobi” a proponerlo como candidato a ministro, esta propuesta viola la Constitución, por lo tanto, Su solicitud y su candidatura para ser beneficiario de la insaculación es inconstitucional.


Este tema y lo anunciado se tratará en el próximo programa sobre la protección de la FMDVD, para denunciar a los responsables del Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario y la denuncia penal contra los responsables del desvío de miles de millones de pesos del FASP. recursos. en el Estado de México y responsable de la fabricación de los culpables.

Graficas Especiales tomadas de internet 

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viernes, 29 de noviembre de 2024

Reforma al Poder Judicial y el Clamor de Justicia en el Estado de México

 

Ricardo Sodi Cuellar (Arriba) y Octavio Martínez Vargas  (Abajo) 



Por: Redacción / Agencia MANL

Ecatepec, Méx.- El diputado local por el Distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, ha encendido un debate crucial en torno a la reciente iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador. Presentada el pasado 5 de febrero, esta reforma ha sido aprobada a nivel federal y ahora enfrenta el reto de su armonización en los congresos locales, incluido el del Estado de México.

EL FONDO DE LA REFORMA


La reforma busca reorganizar el sistema judicial en los estados. Uno de los puntos más relevantes es el octavo transitorio, que otorga a las entidades federativas un plazo de 180 días para armonizar su constitución con los lineamientos federales. En el caso del Estado de México, el plazo vence el próximo 15 de marzo.

Martínez Vargas denunció el rezago del Poder Judicial estatal en el acceso a la justicia:

> "Ocupamos el último lugar en acceso a la justicia. El Poder Judicial del Estado de México está más ocupado en frivolidades, excesos, abusos y corrupción".

El diputado criticó la gestión de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quien acusó de perpetuar un sistema judicial plagado de nepotismo, abusos y decisiones controversiales.



ARMONIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

La propuesta del Grupo Parlamentario de Morena incluye medidas contundentes para renovar el Poder Judicial mexiquense. Entre las reformas planteadas destacan:

Evaluación y elección pública de jueces y magistrados por la ciudadanía.

Fortalecimiento de la Escuela Judicial con nuevos estándares de formación y profesionalización.

Rediseño de la estructura judicial, que contempla una sala superior con nueve magistrados, con presidencias rotativas.

Además, el diputado subrayó que, en su opinión, la presidencia del Tribunal debería ser encabezada por una mujer para aportar una visión diferente al sistema judicial.



LA VERDAD DE ECATEPEC Y EL ESTADO DE MÉXICO

Martínez Vargas no solo abordó la reforma judicial; también trazó un panorama preocupante sobre la situación en el Estado de México.

Desalojos injustificados: Más de 3,000 familias han sido desalojadas sin previo aviso ni juicio justo, apuntando nuevamente al rol permisivo del Poder Judicial.

Inocentes encarcelados y delincuentes libres: Señaló que gran parte de las personas en prisión enfrentan acusaciones fabricadas, mientras los verdaderos delincuentes gozan de impunidad.

Inseguridad desbordada: Denunció el avance del crimen organizado en la entidad, la corrupción de las fuerzas policiales y su complicidad en actividades delictivas.

> “La gente merece procesos justos y una defensoría pública efectiva, con suficientes abogados para quienes han sido víctimas de acusaciones falsas”, enfatizó.

MAS ALLÁ DE LAS REFORMAS


El diputado también hizo un llamado a la responsabilidad de los representantes populares y mandos policiales, independientemente de su afiliación política. Subrayó que quienes estén involucrados en delitos deben ser apartados, sin importar si pertenecen a Morena, PRI, PAN o PRD.

El país y el Estado de México, dijo, enfrentan retos extraordinarios que requieren de decisiones firmes y un cambio profundo en las instituciones:

> "El Poder Judicial está podrido y no hay justicia para los ciudadanos. Es urgente cambiar y modificar este sistema para que realmente sirva a la gente".

EL CAMINO POR DELANTE


Octavio Martínez, advirtió que la discusión y aprobación de estas reformas se anticipan para diciembre. De concretarse, el Estado de México podría dar un paso histórico hacia un sistema judicial más transparente, justo y accesible para su población. Sin embargo, el éxito dependerá de la voluntad política y el compromiso real de sus actores para transformar la realidad de uno de los estados más desafiados por la inseguridad y la corrupción.

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viernes, 15 de noviembre de 2024

Crisis de justicia en el Estado de México: denuncian simulación y fabricación de delitos

 

Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar 


Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez


Por Redacción / Agencia MANL 


Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.


Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).




EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES


El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida de, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados ​​fabricados.




FISCAL BAJO FUEGO


El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.

José Luis Cervantes Martínez

"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.


SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 


Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.



LLAMADO A LA ACCIÓN 


Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.


La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.


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jueves, 14 de noviembre de 2024

La Doble Moral de Ricardo Sodi Cuellar y Su Intento de Control Judicial




Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Méxi.- La figura de Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, ha estado envuelta en controversia en las últimas semanas, mostrando una doble moral que ha dejado entrever su intención de controlar el proceso de sucesión judicial en el Estado de México. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y su cercanía pública con la gobernadora Delfina Gómez, Sodi Cuéllar rechaza la idea de un presidente interino en el Poder Judicial, afirmando: “Terminaré mi ciclo al frente del Poder Judicial”. Este pronunciamiento, sin embargo, parece ocultar un intento de influencia en las decisiones legislativas y ejecutivas, desafiando el marco legal.




En redes sociales, Sodi Cuellar celebró la visita de la gobernadora al Palacio de Justicia, donde expresó: “El honor ha sido nuestro Gobernadora”, tras asistir juntos a un evento sobre justicia laboral. Sin embargo, en paralelo a esta cordialidad pública, Sodi Cuellar parece mantener un interés propio en la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al intentar definir la convocatoria sin el aval del Poder Legislativo. Paco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, ha sido enfático en que dicha convocatoria solo tendrá validez si es emitida por la LXII Legislatura. Cualquier intento de Sodi Cuellar de controlar la convocatoria, según Vázquez, sería una violación de la ley.




UN PLAN PARA LA REFORMA JUDICIAL

El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.



Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.


CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO


El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.

Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.

L
RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO 



Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.

Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.

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