viernes, 29 de noviembre de 2024

Reforma al Poder Judicial y el Clamor de Justicia en el Estado de México

 

Ricardo Sodi Cuellar (Arriba) y Octavio Martínez Vargas  (Abajo) 



Por: Redacción / Agencia MANL

Ecatepec, Méx.- El diputado local por el Distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, ha encendido un debate crucial en torno a la reciente iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador. Presentada el pasado 5 de febrero, esta reforma ha sido aprobada a nivel federal y ahora enfrenta el reto de su armonización en los congresos locales, incluido el del Estado de México.

EL FONDO DE LA REFORMA


La reforma busca reorganizar el sistema judicial en los estados. Uno de los puntos más relevantes es el octavo transitorio, que otorga a las entidades federativas un plazo de 180 días para armonizar su constitución con los lineamientos federales. En el caso del Estado de México, el plazo vence el próximo 15 de marzo.

Martínez Vargas denunció el rezago del Poder Judicial estatal en el acceso a la justicia:

> "Ocupamos el último lugar en acceso a la justicia. El Poder Judicial del Estado de México está más ocupado en frivolidades, excesos, abusos y corrupción".

El diputado criticó la gestión de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quien acusó de perpetuar un sistema judicial plagado de nepotismo, abusos y decisiones controversiales.



ARMONIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

La propuesta del Grupo Parlamentario de Morena incluye medidas contundentes para renovar el Poder Judicial mexiquense. Entre las reformas planteadas destacan:

Evaluación y elección pública de jueces y magistrados por la ciudadanía.

Fortalecimiento de la Escuela Judicial con nuevos estándares de formación y profesionalización.

Rediseño de la estructura judicial, que contempla una sala superior con nueve magistrados, con presidencias rotativas.

Además, el diputado subrayó que, en su opinión, la presidencia del Tribunal debería ser encabezada por una mujer para aportar una visión diferente al sistema judicial.



LA VERDAD DE ECATEPEC Y EL ESTADO DE MÉXICO

Martínez Vargas no solo abordó la reforma judicial; también trazó un panorama preocupante sobre la situación en el Estado de México.

Desalojos injustificados: Más de 3,000 familias han sido desalojadas sin previo aviso ni juicio justo, apuntando nuevamente al rol permisivo del Poder Judicial.

Inocentes encarcelados y delincuentes libres: Señaló que gran parte de las personas en prisión enfrentan acusaciones fabricadas, mientras los verdaderos delincuentes gozan de impunidad.

Inseguridad desbordada: Denunció el avance del crimen organizado en la entidad, la corrupción de las fuerzas policiales y su complicidad en actividades delictivas.

> “La gente merece procesos justos y una defensoría pública efectiva, con suficientes abogados para quienes han sido víctimas de acusaciones falsas”, enfatizó.

MAS ALLÁ DE LAS REFORMAS


El diputado también hizo un llamado a la responsabilidad de los representantes populares y mandos policiales, independientemente de su afiliación política. Subrayó que quienes estén involucrados en delitos deben ser apartados, sin importar si pertenecen a Morena, PRI, PAN o PRD.

El país y el Estado de México, dijo, enfrentan retos extraordinarios que requieren de decisiones firmes y un cambio profundo en las instituciones:

> "El Poder Judicial está podrido y no hay justicia para los ciudadanos. Es urgente cambiar y modificar este sistema para que realmente sirva a la gente".

EL CAMINO POR DELANTE


Octavio Martínez, advirtió que la discusión y aprobación de estas reformas se anticipan para diciembre. De concretarse, el Estado de México podría dar un paso histórico hacia un sistema judicial más transparente, justo y accesible para su población. Sin embargo, el éxito dependerá de la voluntad política y el compromiso real de sus actores para transformar la realidad de uno de los estados más desafiados por la inseguridad y la corrupción.

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viernes, 15 de noviembre de 2024

Crisis de justicia en el Estado de México: denuncian simulación y fabricación de delitos

 

Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar 


Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez


Por Redacción / Agencia MANL 


Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.


Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).




EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES


El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida de, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados ​​fabricados.




FISCAL BAJO FUEGO


El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.

José Luis Cervantes Martínez

"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.


SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 


Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.



LLAMADO A LA ACCIÓN 


Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.


La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.


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jueves, 14 de noviembre de 2024

La Doble Moral de Ricardo Sodi Cuellar y Su Intento de Control Judicial




Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Méxi.- La figura de Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, ha estado envuelta en controversia en las últimas semanas, mostrando una doble moral que ha dejado entrever su intención de controlar el proceso de sucesión judicial en el Estado de México. A pesar de sus declaraciones en redes sociales y su cercanía pública con la gobernadora Delfina Gómez, Sodi Cuéllar rechaza la idea de un presidente interino en el Poder Judicial, afirmando: “Terminaré mi ciclo al frente del Poder Judicial”. Este pronunciamiento, sin embargo, parece ocultar un intento de influencia en las decisiones legislativas y ejecutivas, desafiando el marco legal.




En redes sociales, Sodi Cuellar celebró la visita de la gobernadora al Palacio de Justicia, donde expresó: “El honor ha sido nuestro Gobernadora”, tras asistir juntos a un evento sobre justicia laboral. Sin embargo, en paralelo a esta cordialidad pública, Sodi Cuellar parece mantener un interés propio en la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al intentar definir la convocatoria sin el aval del Poder Legislativo. Paco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, ha sido enfático en que dicha convocatoria solo tendrá validez si es emitida por la LXII Legislatura. Cualquier intento de Sodi Cuellar de controlar la convocatoria, según Vázquez, sería una violación de la ley.




UN PLAN PARA LA REFORMA JUDICIAL

El magistrado ha promovido activamente una serie de reformas que abarca cambios en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la legislación electoral del estado. Sodi Cuellar presentó este proyecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que se trabajará en su implementación una vez que se definan los lineamientos federales. Sin embargo, el tiempo que ha tomado en concretar estas reformas y sus esfuerzos por mantenerse en el control han despertado suspicacias entre los legisladores y diversos actores políticos.



Ya antes Paco Vázquez advirtió que no se han formalizado reuniones entre los tres poderes para resolver el tema de la reforma judicial, y destacó que solo se han llevado a cabo conversaciones informales. Además, mencionó que cualquier reforma debe ser compatible con las reformas federales, pues algunos de los cambios planteados, como la renovación de jueces y magistrados, deben alinearse a la legislación nacional y no pueden realizarse de forma aislada.


CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO


El diputado Octavio Martínez Vargas ha señalado directamente al Consejo de la Judicatura del Estado de México por emitir convocatorias inconstitucionales en relación a la renovación de jueces y la presidencia del Tribunal. Según Martínez Vargas, estas decisiones desafían las disposiciones de la reforma judicial federal, que exige una adecuación completa del marco normativo antes de proceder con nombramientos.

Para el legislador, el Consejo de la Judicatura está tomando decisiones que comprometen la legalidad de los nombramientos, y exige que las reformas a nivel local se realicen conforme a la ley. De esta manera, argumenta, el Poder Judicial debería acatar lo estipulado en la Constitución y la reforma federal en lugar de emitir convocatorias que podrían calificarse de inconstitucionales.

L
RESISTENCIA DEL LEGISLATIVO 



Finalmente, el presidente de la Jucopo, Paco Vázquez, ha sido contundente al recalcar que no permitirá que Ricardo Sodi Cuellar tome control de la convocatoria para la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Este rechazo de parte del Legislativo refleja la falta de confianza en la transparencia y el apego a la legalidad en el actuar de Sodi Cuellar y el Consejo de la Judicatura.

Este escenario pone en entredicho la autonomía y el respeto entre poderes en el Estado de México. Los intentos de Sodi Cuellar de dirigir el proceso de sucesión podrían tener repercusiones graves en la percepción pública sobre la independencia del Poder Judicial y en su propia credibilidad como líder de este organismo.

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